El Poder del Consumidor celebra que por fin la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a embutidos, sopas instantáneas, salsas y aderezos con exceso de sodio, como parte del Paquete Económico 2027, medida, que organismos internacionales llevan años recomendando, advirtió.
La propuesta, presentada por la bancada de Morena, PT y PVEM, estima una recaudación adicional cercana a 12 mil millones de pesos. Por ello, la organización llamó a los diputados y diputadas, a que aprueben una medida bien diseñada, basada en evidencia y vinculada a metas de reformulación de la industria, para evitar que el impuesto se quede solo en recaudación sin traducirse en menos sodio en los productos.
Resaltó la necesidad de que la Secretaría de Salud y a COFEPRIS, definan con rigor técnico los criterios que activaría el impuesto, alineado con el perfil nutrimental que ya usa el etiquetado frontal de la NOM-051, para dar coherencia regulatoria y facilitar su implementación y fiscalización.
«El sodio es hoy, un problema de salud pública que ya cobra vidas en México, no un riesgo hipotético a futuro. La ingesta de sodio en México (3.3 g/día en adultos) supera de forma sostenida la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)», advirtió.
El doctor Jorge Vargas, investigador de El Poder del Consumidor, señaló: «que México considere finalmente un impuesto al sodio es una noticia positiva, pero no basta con aprobarlo ya que el diseño técnico determinará si funciona. La experiencia internacional nos ha enseñado tanto lecciones de éxito como de fracaso, y sería un error no aprender de ellas antes de legislar.»
Destacó que las enfermedades cardiovasculares son ya la primera causa de muerte en el país, y 29.9% de los adultos mexicanos vive con hipertensión, uno de sus principales factores de riesgo.
Un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública estima que alcanzar las metas regionales de reducción de sodio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) podría evitar 12,866 muertes al año por enfermedad cardiovascular, renal crónica y cáncer gástrico.
En México, esta medida tendría un impacto directo y cotidiano, solo 100 gramos de jamón, una porción común en un sándwich puede contener hasta 1,255 mg de sodio, más de la mitad del límite diario recomendado por la OMS (2,000 mg); el tocino alcanza 1,027 mg, y los embutidos en general promedian 884 mg por cada 100 gramos, justamente las categorías que la propuesta legislativa busca gravar.
Actualmente, 41 países aplican impuestos a alimentos no saludables que incluyen el sodio entre sus criterios, y la actualización 2026 del marco SHAKE de la OMS —la guía técnica de referencia para la reducción de sodio a nivel mundial— incorporó por primera vez la tributación como uno de sus componentes centrales, junto con la reformulación de alimentos, el etiquetado frontal y las campañas de comunicación.
No toda la experiencia internacional ha sido exitosa: Dinamarca implementó un impuesto a las grasas saturadas en 2011 con una cuota fija, no porcentual y lo abolió apenas un año después, tras una cobertura mediática negativa y un diseño que no comunicó adecuadamente sus beneficios a la población.
En contraste, Hungría mantiene desde 2011 un impuesto de cuota fija (250 forintos, cerca de 0.89 dólares, por kilogramo de producto que supere el umbral de sal, azúcar o cafeína) con efectos sostenidos en el tiempo: hasta 73% de los consumidores reportó una reducción de consumo duradera en evaluaciones posteriores.
Chile, aunque no ha implementado un impuesto específico a sodio, ofrece la evidencia más contundente sobre el poder del etiquetado combinado con la amenaza de regulación adicional, que el etiquetado mostró que los productos «altos en sodio» bajaron de 74% a 27% del mercado entre 2016 y 2023, y su compra per cápita cayó 36.7% en el mismo periodo. Un panel de expertos chilenos propuso en 2017 un impuesto específico de $23 pesos chilenos por gramo de sodio añadido, aunque esa propuesta nunca llegó a aprobarse como ley, una oportunidad que México podría capitalizar antes que Chile.
