El Laboratorio de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) señaló en su informe 2026 que la inseguridad se convirtió en «una de las fuerzas más poderosas de la política de la región». La victimización por delito llega a 35% en Ecuador, 34% en Perú y 33% en México.
Para Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO), cuando dominan el deterioro económico o la alta criminalidad, «la falla de los gobiernos no activa la exigencia masiva por más, sino por menos democracia», porque el orden y la eficacia se imponen sobre los contrapesos.
En ese sentido reflexionó que, en América Latina, la ciudadanía expresa un firme apoyo a la democracia y, al mismo tiempo, respalda a líderes que debilitan los mecanismos de control y contrapeso, margina a partidos de oposición y cuestiona el Estado de derecho.
En ese sentido el coordinador del PSC IBERO distinguió entre la democracia que limita el poder y otra que funciona como «una cláusula de habilitación del poder de la presidencia».
Militares y policías no han traído seguridad
El académico advirtió que las instituciones del Estado “rotas” son parte de la inseguridad y la sociedad acepta ampliar sus poderes. En México, recordó, hay más militares desplegados en tareas de seguridad pública que policías.
«La inmensa mayoría de la sociedad acepta ceder el ejercicio de sus derechos a cambio de la seguridad», señaló, tras indicar que la LAPOP documentó en El Salvador detenciones arbitrarias masivas y muertes bajo custodia.
Policías y fiscalías opacas, jueces formales
En las instituciones de seguridad y justicia, dijo López Portillo, «el diablo está en los detalles» tales como problemas de los que casi nadie se quiere hacer cargo como por ejemplo lo que la LAPOP reportó: 11 a 12% de la gente recibió una petición de soborno de un policía en el último año, sin mejora en una década.
López Portillo señaló que el PSC IBERO ha observado decenas de audiencias sobre la calidad del control judicial del uso de la fuerza. Hallazgos preliminares indicaron que ese control se centra en aspectos formales de la detención y no en el trato a la persona detenida. «Es frecuente que los jueces restrinjan el acceso del público a las audiencias sin justificación», aseveró.
Lo que está en riesgo
El coordinador del PSC IBERO también habló de una «convergencia autoritaria», la cual desde arriba se ofrece y desde abajo se exige, a costa de los derechos y las libertades en una democracia.
«Cuando las mayorías quieren democracia sin controles sobre el poder, en realidad soportan la transacción de la seguridad por la democracia, negociación perdedora que dejaría a la región sin ambas», concluyó.
