La presencia del Estado no necesariamente significa la desaparición del poder de los grupos criminales. En distintos territorios de México y América Latina, instituciones públicas y organizaciones delictivas pueden intervenir simultáneamente en la regulación del orden, la seguridad y la vida cotidiana de las comunidades, advirtió Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Durante la inauguración del III Congreso Internacional de Justicia Transicional: “La protección de los derechos humanos en tiempos de regresión democrática en América”, el especialista explicó que investigaciones recientes sobre América Latina y el Caribe cuestionan una de las ideas más extendidas sobre la relación entre Estado y criminalidad: que una mayor presencia institucional necesariamente reduce la capacidad de control de las organizaciones criminales.
Al referirse a estudios realizados en 18 países de la región, López Portillo señaló que millones de personas viven en contextos donde las organizaciones criminales no sólo desarrollan actividades ilícitas, sino que también intervienen en la regulación de la vida cotidiana y del orden local.
Uno de los hallazgos que destacó es que puede existir incluso una correlación entre presencia estatal y gobernanza criminal.
Es decir, la expansión de las instituciones públicas no siempre implica el retroceso de las estructuras delictivas.
Para explicar este fenómeno, López Portillo habló de un “duopolio de la violencia”, en el que la gobernanza estatal y la gobernanza criminal pueden superponerse dentro de un mismo territorio.
En estos escenarios, explicó, el Estado no desaparece ni es completamente sustituido por organizaciones criminales. Las instituciones continúan operando, pero al mismo tiempo existen grupos que establecen reglas, ejercen coerción o intervienen en la seguridad y en distintos aspectos de la vida comunitaria.
Así, habitantes de determinados territorios pueden encontrarse sujetos simultáneamente a autoridades formales y estructuras criminales.
México, señaló el especialista, representa un caso particularmente relevante para analizar este fenómeno.
La gobernanza criminal puede desarrollarse incluso en zonas donde existe una presencia importante del Estado y donde las redes delictivas llegan a entrelazarse con dinámicas políticas, económicas y electorales.
La observación obliga, dijo, a revisar la manera tradicional de entender la relación entre criminalidad y debilidad estatal.
El problema ya no puede analizarse únicamente como una disputa entre territorios “controlados por el Estado” y territorios “controlados por el crimen”, pues en algunos casos ambos tipos de gobernanza pueden coexistir y superponerse.
Del control territorial al debilitamiento democrático
Para López Portillo, esta transformación también debe analizarse junto con los cambios en las expectativas sociales frente a la democracia.
A partir de estudios recientes de opinión pública en América Latina, señaló que el fracaso de los gobiernos para ofrecer resultados en ámbitos como la economía o la seguridad no necesariamente provoca que las sociedades exijan instituciones democráticas más fuertes.
En algunos casos ocurre lo contrario: crece la disposición a aceptar menos contrapesos democráticos a cambio de mayor orden, seguridad o eficacia gubernamental.
“Una cosa es la Constitución escrita y otra es el ánimo social”, resumió.
Las constituciones latinoamericanas pueden mantener formalmente sistemas de derechos, división de poderes y controles al ejercicio de la autoridad, mientras sectores de la población comienzan a considerar negociables algunos de esos límites ante problemas persistentes de violencia e inseguridad.
Fue en este contexto que López Portillo mencionó lo que especialistas han denominado la “franquicia Bukele”: la expansión regional de un modelo de seguridad basado en respuestas de mano dura, concentración del poder y reducción de controles institucionales que conserva un amplio respaldo ciudadano.
Jorge Luis Cortés
