El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, destacó la necesidad de afrontar los desafíos tecnológicos con responsabilidad institucional, rigor probatorio y pleno respeto a los derechos político-electorales.
Barrera expuso los desafíos que enfrenta México ante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, particularmente en materia de integridad de las candidaturas, fiscalización de recursos, comunicación política digital y uso de nuevas tecnologías.
Señaló que la inteligencia artificial ofrece oportunidades para mejorar las capacidades institucionales, pero también plantea riesgos relacionados con la manipulación de información, la autenticidad de las pruebas electrónicas y la protección de la voluntad ciudadana.
El magistrado participó en el XLIX Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Abogados, celebrado en Costa Rica, donde destacó la necesidad de afrontar los desafíos tecnológicos con responsabilidad institucional, rigor probatorio y pleno respeto a los derechos político-electorales.
Sostuvo que el derecho electoral debe contar con herramientas jurídicas capaces de responder a las nuevas formas de propaganda, sin imponer restricciones incompatibles con la libertad de expresión ni debilitar las garantías constitucionales.
El magistrado también abordó las experiencias internacionales de India, Brasil, Albania, Colombia, Australia y la Unión Europea, como referentes para analizar la transparencia digital, la identificación de materiales artificiales, la gobernanza tecnológica y los mecanismos de verificación.
Respecto de la función jurisdiccional, explicó que la utilización de inteligencia artificial exige especial atención a la procedencia, trazabilidad, integridad y corroboración de las pruebas digitales, así como a la posibilidad de auditar y revisar los resultados de los sistemas automatizados.
Asimismo, destacó que México cuenta con experiencias institucionales en esta materia y que la incorporación de herramientas tecnológicas debe responder a la naturaleza de cada función, los derechos involucrados y la intensidad de las salvaguardas necesarias.
Fuentes Barrera subrayó que la inteligencia artificial puede asistir a las autoridades electorales, pero no sustituir la responsabilidad constitucional de quienes deben adoptar las decisiones. En consecuencia, planteó cinco directrices para su utilización: neutralidad tecnológica, trazabilidad, supervisión humana efectiva, posibilidad de auditoría y revisión, y proporcionalidad.
El magistrado concluyó que el aprovechamiento de estas herramientas debe mantener a las personas y sus derechos en el centro de la función jurisdiccional, con pleno respeto a los principios constitucionales que sustentan la justicia electoral.
Como parte de las actividades del Congreso, también se analizaron temas relacionados con la independencia judicial, la función notarial, la certeza jurídica y los desafíos que enfrenta el ejercicio profesional del derecho ante la innovación tecnológica.
