Un acuerdo asumido recientemente por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y firmado por César Mauricio López Ramírez en su calidad de Secretario Ejecutivo tiene al universo del personal judicial federal desconcertado y molesto, sobre todo por temas de evaluación y rendimiento personal poco claros, que amplían la posibilidades de moverlos de su lugar de residencia para enviarlos como caballos de batalla a otras zonas y regiones del país.
Todo comenzó con la determinación de que no hay presupuesto ni tampoco interés en crear nuevos órganos jurisdiccionales, de tal manera que las crecientes necesidades del Poder Judicial de la Federación (PJF) deben ajustarse a lo que hay tanto de dinero como de recursos humanos.
Así, el principal órgano determinó una reorganización que contempla la ampliación de competencia con el consecuente cambio de adscripción o reubicación de secretarios en funciones derivadas de renuncias y salidas de personal, con ello personal de la sede Toluca pueden ser movidos, sin su consentimiento ni autorización, a lugares tan apartados como Chiapas, Sonora, Veracruz o Baja California. Aquellos que se opongan o estén en desacuerdo, pueden perder su empleo.
La determinación del OAJ reconoce que de 210 mil 459 asuntos registrados del 1 de mayo del 2025 al 30 de abril del 2026, existe un rezago en más del 62% expedientes, lo que representa que un amplío número de personas privadas de la libertad por delitos federales o que están en proceso, no tiene acceso a una justicia pronta y expedita como marca la Constitución.
Sin embargo, el temas torna difícil porque hay resistencia de los trabajadores de acatar la decisión el OAJ, el máximo órgano de decisión que sustituyó al Consejo de la Judicatura después de la reforma judicial, incluso indican que la mayor parte del rezago está relacionado con deficiencias en el mantenimiento de inmuebles y en la disposición de equipo tecnológico, muchas veces obsoleto, sin piezas y de mala calidad, lo que antes de la reforma, no se registraba.
